El recurso
a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya no ha logrado extinguir
dos de los problemas bilaterales que más tensión han creado en América Latina
en los últimos años, los cuales están hoy candentes y además van a tener cada
uno una segunda parte en ese tribunal.
La planta
papelera de la finlandesa UPM en Uruguay es de nuevo una fuente de conflicto
entre ese país y Argentina, porque acaba de ser autorizada a aumentar su
producción, y el trazado de la línea divisoria marítima sigue enfrentando a
Colombia y Nicaragua.
El primero
de esos litigios fue elevado a la CIJ en 2005 y el segundo, que tiene sus
orígenes a comienzos del siglo XX, en 2001. Los fallos correspondientes fueron
emitidos en 2010 y 2012.
Los dos
países rioplatenses aceptaron que si bien Uruguay debió consultar con su vecino
la instalación de la planta a orillas de un río que ambos países administran
conjuntamente, la papelera puede funcionar porque no supone un riesgo para el
medio ambiente, como señala la sentencia.
Sin
embargo, no se dio la misma unanimidad en el otro caso.
El Gobierno
colombiano considera inaplicable el fallo que concede a Nicaragua una vasta
extensión del mar Caribe, de 75,000 a 90,000 metros cuadrados, que antes estaba
bajo control de Colombia, y ya ha iniciado el trámite para desvincularse de la
CIJ.
Pero
Nicaragua se adelantó a que se concrete la retirada colombiana y planteó en
septiembre una nueva demanda, esta vez para pedir a la CIJ que declare el
"rumbo exacto" de la frontera marítima, "más allá" de los
límites definidos en 2012, pues quiere ampliar su plataforma continental a 350
millas náuticas.
Argentina
también va a recurrir de nuevo al tribunal con sede en Holanda, según anunció
este miércoles el Gobierno.
El
canciller argentino, Héctor Timerman, dijo hoy que la decisión
"unilateral" del presidente uruguayo, José Mujica, de autorizar a la
planta de UPM a producir 100,000 toneladas anuales más no le deja a Argentina
"otro camino que recurrir a La Haya".
El Gobierno
argentino acusa a Mujica de violar el Tratado del Río Uruguay y también la
sentencia que la CIJ dictó en 2010, y el presidente uruguayo afirma haber sido
"acorralado políticamente con lo de La Haya" y niega que la planta de
UPM sea contaminante.
La planta
productora de celulosa, originalmente de la empresa finlandesa Botnia, supuso
en su día la mayor inversión de la historia de Uruguay, 1,800 millones de
dólares, empezó a funcionar a fines de 2007 y da empleo a más de 5,000
personas, una cifra relevante en un país de 3.3 millones de habitantes.
A Uruguay
le costaron, según cálculos conservadores, más de 400 millones de dólares los
prolongados bloqueos de los pasos fronterizos, especialmente del puente que une
Gualeyguaychú con Fray Bentos, por parte de ecologistas argentinos que
finalmente debieron levantarlos una vez que Argentina acató el fallo.
Para el
domingo está ya anunciada una marcha de ecologistas que pretenden entrar en
Uruguay desde Gualeyguaychú para protestar por el aumento de la producción de
la papelera.
El
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que heredó el problema con Nicaragua
de su antecesor, como le ocurre a Mujica, también debe defender los intereses
económicos en juego en el caso con Nicaragua, además de lo que tiene que ver
con la soberanía.
Las aguas
cercanas al archipiélago colombiano de San Andrés que, según el fallo de la
CIJ, corresponden a Nicaragua son ricas en pesca, biodiversidad y petróleo.
Como dijo
la canciller colombiana, María Ángela Holguín, a fines de 2012, la renuncia de
su país a la jurisdicción del tribunal internacional obedece a una defensa del derecho
internacional, pero también de la "historia, la geografía, la vida misma y
el sustento" económico de la nación.
El
"golpe al corazón", en palabras de Santos, que ha supuesto para
Colombia el fallo de la CIJ en el caso con Nicaragua puede haber llevado al
Gobierno colombiano a zanjar al margen del tribunal internacional otro
diferendo, éste planteado por Ecuador.
El pasado
17 de septiembre la CIJ confirmó que Ecuador retiró el caso presentado contra
Colombia por las aspersiones de cultivos ilícitos en la zona fronteriza.
El Gobierno
colombiano saldó el asunto con el pago de 15 millones de dólares a Ecuador, que
los utilizará para desarrollar las zonas de la frontera y para reparar a las
personas afectadas por las aspersiones de glifosato, según fuentes oficiales
ecuatorianas.
Perú y
Chile están a la espera de otro fallo de la CIJ, también por los límites
marítimos.
Ambos
Gobiernos han dicho que lo acatarán pero en los últimos días han surgido
rumores sobre un retraso de la sentencia, aparentemente para no interferir en
el proceso electoral en Chile, lo que ha sido negado por ambos gobiernos.
