El Gobierno
venezolano anunció esta semana un nuevo conjunto de medidas económicas y avanzó
así en su ofensiva para neutralizar lo que considera una guerra en ese ámbito,
atizada por la derecha con el objetivo de desestabilizar el país.
En virtud
de los poderes especiales que le otorga la recientemente sancionada Ley
Habilitante, el presidente Nicolás Maduro anunció este viernes un decreto para
el control y regulación de arrendamientos en el sector del comercio, el cual
busca proteger a pequeños y medianos actores económicos.
Sostuvo que
este sector ha sido víctima del "latifundismo urbano" y la
especulación de un grupo de dueños de inmuebles.
Aclaró que
el nuevo régimen será transitorio y que estará vigente hasta tanto se
establezca una ley que regule este asunto y "permita desatar las fuerzas
productivas sanas".
Entre otras
providencias, el decreto establece que los cánones de arrendamiento de locales
comerciales, productivos o de servicios no podrán exceder mensualmente los 250
bolívares por metro cuadrado.
La
disposición dejará sin efecto las cláusulas de contrato que establezcan cánones
en monedas extranjeras, ajustes periódicos de estos, valoración de activos
intangibles (reputación, relaciones, etcétera), pagos sobre la base de
porcentajes por ventas brutas o netas del arrendatario u otros como regalías,
penalidades, comisiones.
De igual
manera, prohíbe asimismo el arbitraje privado en conflictos; la resolución
unilateral del convenio de arrendamiento; las medidas cautelares de secuestro
de bienes o inmuebles, y la admisión de contratos de arrendamientos por parte
de empresas extranjeras.
Dispone
también que las controversias serán dirimidas a través de los mecanismos del
Ministerio de Comercio.
Maduro
activó asimismo el Centro Nacional de Comercio Exterior y una corporación para
el manejo de las operaciones de importación y exportación, tal como fuera
estipulado en un decreto especial suscrito la semana anterior.
El Centro
se encargará de formular las políticas en el ámbito de su competencia y de
regular instrumentos como el presupuesto nacional de divisas y los planes de
importaciones, exportaciones e inversiones en el extranjero, entre otros.
Por su
parte, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior conducirá un conglomerado
de empresas estatales para actividades de importación -eventualmente también
podrá establecer alianzas con privados- y centralizar las exportaciones no
petroleras.
Según el
dignatario, la corporación se ocupará de procurar las mejores condiciones para
estas operaciones y deberá garantizar la máxima eficiencia en las mismas.
El jefe de
Estado dio a conocer también un par de medidas para incentivar y premiar a los
ahorristas.
Así, se
incrementará en 3,5 puntos porcentuales la actual tasa de ahorro en el país
para las personas naturales con saldos iguales o inferiores a 20 mil bolívares
(tres mil 164 dólares).
En adición
a esto, se emitirá un instrumento especial que fija una renta del 15 por ciento
para la captación de títulos de inversión de la banca pública con un tope
máximo de un millón de bolívares (158 mil 730 dólares).
Un sondeo
de opinión de la firma International Consulting Services evaluó el efecto de
las medidas gubernamentales en el ámbito económico y reveló que el 77,3 por
ciento de los encuestados (dos mil 150 personas del 20 al 27 de noviembre)
apoya la fiscalización e intervención del Gobierno de empresas comerciales para
poner coto a los sobreprecios.
Apenas un
20 por ciento rechazaron esta medida de choque que ha puesto incluso a
disposición del Ministerio Público a algunos ejecutivos comerciales.
Por otra parte,
el Consejo Nacional Electoral informó esta semana que el cronograma rumbo a los
comicios municipales del 8 de diciembre se cumple según lo previsto y que todo
"marcha sobre ruedas" en cada territorio del país.
Los
candidatos prosiguen envueltos en sus respectivas campañas y encuestas
favorecen a los candidatos alineados con el Gobierno (alianza del Gran Polo
Patriótico) en la mayoría de las municipalidades
