Los jueces
están listos para procesar, a partir de mañana, a las personas que tienen
conexiones ilegales del servicio de electricidad, y que enfrentarán multas,
sanciones y hasta tres años de prisión, informó ayer la presidenta de la Corte
Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
Ramos:
Juzgados condenarán a roba luz
Hoy expira
el período de 180 días para que los clientes de la empresa distribuidora, TSK
Melfosur, soliciten una amnistía para regular el servicio de electricidad.
Voceros de esa empresa no contestaron las llamadas para conocer con cuántos de
sus clientes alcanzaron un acuerdo.
Cifras
oficiales indican que el robo de electricidad genera pérdidas por US$50
millones anuales a la empresa distribuidora.
Poner orden
“Al que
esté ilegalmente conectado ya se le dio un plazo para que regularizara su
situación, de manera que ya se venció el plazo definitivamente, así que ahora
todo el mundo tiene que ponerse en orden”, precisó ayer Alba Luz Ramos,
presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, tras participar en una sesión
en la Asamblea Nacional.
Según
Ramos, el uso ilegal del servicio de electricidad es un “delito como cualquier
otro”.
“Los jueces
tienen un procedimiento a seguir que está establecido en el Código Procesal
Penal, el delito está tipificado con sus penas, no hay ninguna preparación
especial (…) Nosotros solo recibimos acusaciones, les damos curso, y si se
comprueba el delito condenamos, y si no se comprueba absolvemos”, precisó
Ramos.
Según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, Nicaragua es el país
de Centroamérica que paga el mayor valor por el kilovatio hora de electricidad
en el sector residencial, a un precio de US$0.28.
TSK
Melfosur tiene un promedio de 920,326 clientes, de los cuales unos 697,176 gozan de un subsidio por consumir menos de
150 kilovatios hora al mes.
No más
prórroga
Por su
parte, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la
Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, consideró que no sería viable aprobar una
prórroga a quienes tienen conexiones ilegales dado, porque Nicaragua no tiene
una matriz energética estable.
Según
Gutiérrez, de aprobarse otra moratoria se estaría promoviendo que los usuarios
“emigren a la ilegalidad”.
“El mensaje
que enviaría esa prórroga, para mí, es un mensaje negativo y ya no se puede
seguir jugando con el futuro de Nicaragua”, advirtió el legislador.
Oficinas
llenas
A las
oficinas de la empresa distribuidora eléctrica, según información de Gutiérrez,
quienes más se han acercado a legalizar su situación son personas que viven en
los “asentamientos humanos espontáneos”.
En los
últimos días las sucursales de Disnorte y Dissur se han visto colmadas de gente
que busca legalizar su situación.
En tanto,
la diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, indicó ayer que en la próxima
legislatura es muy probable que el tema sea retomado por los legisladores.
“Por el
momento se va a dar estricto cumplimiento a lo establecido en la ley (…) Lo
primero son sanciones y multas, no es cierto como algunos quieren manejar, de
que ahora porque te encuentren ilegal abrirán un proceso judicial, si no hay
cumplimiento a las multas y sanciones, de último se procede a un proceso
judicial, pero antes no”, explicó.
La sanción
El Código
Penal establece en su artículo 236 que la persona que esté conectada
ilegalmente o alterando los sistema de control de medición de servicios básicos
será sancionada con prisión de uno a tres años.
