El ex
primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue expulsado del Senado de Italia
tras su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal, lo que, en su
opinión, viste de "luto" la democracia y no supondrá su derrota
política, pues asegura a sus rivales que no se retirará a "ningún
convento".
El
empresario multimillonario, quien entró en política hace veinte años, volvió a
acaparar toda la atención de Italia con la votación celebrada el pasado
miércoles 27 de noviembre en el Senado sobre la retirada de su escaño, una cita
a la que Berlusconi respondió con una multitudinaria concentración a las
puertas de su residencia en el centro de Roma.
El
resultado de la votación en la Cámara alta fue el previsto, con, entre otros,
el Partido Demócrata (PD) del primer ministro italiano, Enrico Letta, apoyando
la expulsión de Berlusconi, el líder con el que había formado la coalición de
Gobierno que sacó al país del bloqueo político tras las elecciones de febrero.
La
expulsión del ex primer ministro se realizó mediante nueve votaciones, las de
otras tantas proposiciones planteadas por senadores que pedían que no se
aplicara a Berlusconi la llamada "ley Severino" del anterior Gobierno
de Mario Monti, que establece la salida del Parlamento de los condenados a más
de dos años de cárcel.
Las nueve
votaciones, a través del procedimiento telemático (permite saber la opinión de
cada senador), tuvieron un resultado muy parecido, situándose en una media de
194 votos en contra, 114 a favor y 2 abstenciones.
Instantes
antes de confirmarse su expulsión de la Cámara alta, en la manifestación con
sus seguidores, el ex primer ministro advirtió a sus rivales políticos, y
también a la "magistratura de izquierdas", de que no han ganado la
batalla y piensa seguir siendo el líder de su partido, aun fuera del Parlamento.
Berlusconi
tiene ahora por delante el cumplimiento del año de servicios sociales en el que
queda su condena por fraude fiscal, así como el recurso al Tribunal Supremo de
la pena accesoria de dos años de inhabilitación para cargo público por este
caso, impuesta por la Corte de Apelación de Milán el pasado 19 de octubre.
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